Granada Santos califica el recurso de inconstitucionalidad del PP a la Ley Andaluza de Derecho a la Vivienda como “triste y lamentable, que demuestra de qué lado están, y que no es, claramente, junto a la ciudadanía”. Esta ley defiende el fin social de la vivienda, recogido en la Constitución española y antepone la protección de las personas, a la acción especuladora de los bancos.
Tras “otro viernes negro”, tal y como lo calificó la delegada territorial de vivienda en Sevilla al pasado 17 de enero, fecha de presentación del recurso, el grupo de Izquierda Unida, agrupación situada al frente de esta consejería, tenía conocimiento de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de paralizar la que, hasta ahora, se ha convertido en el estandarte de su política en la Junta de Andalucía, la Ley de Derecho a la Vivienda.
La delegada territorial calificó el recurso presentado por el Partido Popular ante este tribunal como “triste y lamentable”. En rueda de prensa, aseguró que el PP “no cree en la ciudadanía, está junto al capital y quienes lo manejan y administran”. Durante su intervención aseguró que con esta ley se consiguió un cambio de concepto sobre la vivienda, “hemos conseguido que pase de ser un producto especulativo a volver a su esencia original: un bien social”. No dudó en tachar de “acción cobarde” este recurso puesto que “nadie dentro del PP ha salido a dar explicaciones, ninguno de sus dirigentes ha manifestado cuáles son los motivos por los que han tomado esta decisión, nadie se ha dirigido a los cientos de familias que se encuentran desesperadas ante un desahucio inminente”.
Santos aseguró que la Consejería de Vivienda no dejará de trabajar a pesar de la suspensión provisional de su aplicación, recordando que “el Constitucional no ha fallado el fondo del recurso en sí, sino que la ley le obliga a paralizar durante un máximo de cinco meses cualquier ley autonómica que el presidente del Gobierno recurra”.
Durante su intervención, la delegada recordó que desde su puesta en marcha, la ley ha permitido que 25 familias sigan viviendo en sus hogares, que son más de 200 expedientes los que esperan su tramitación, “que no será paralizada puesto que seguiremos trabajando para que, cuando se levante la suspensión, podamos seguir engrosando el número de personas que no se ven en la calle”.
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