Pero, lo más desesperante es que el 40% del territorio nacional no tiene acceso a ofertas con cobertura directa de estos operadores alternativos, por lo que los usuarios/as de estas zonas están obligados/as a contratar ADSL directamente con Telefónica o revendido por otro operador con precios caros. La CMT aplicó dos rebajas en los precios mayoristas y, a día de hoy, dichas rebajas todavía no se han visto reflejadas en los recibos de los usuarios y las usuarias de ADSL.

Estamos, por tanto, de nuevo ante un sector clave para el desarrollo económico y social, como es el de las nuevas tecnologías del conocimiento y la información, que se encuentra a los pies de los caballos de la rapiña que caracteriza el funcionamiento comercial de las grandes multinacionales que controlan este servicio, convertido en un suculento negocio.

Desde Izquierda Unida entendemos que para poder cerrar en España la denominada brecha digital, que como acabamos de demostrar es sensiblemente mayor en la provincia de Sevilla, al menos en lo que a acceso a la banda ancha se refiere, es imprescindible considerar la banda ancha como parte del Servicio Universal, el cual viene definido, tanto en la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, como en el Real Decreto 424/2005, del Reglamento del Servicio Universal, como el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios y las usuarias finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y un precio asequible. Sólo así será posible garantizar el acceso a la banda ancha en todo el territorio nacional, a partir de unos umbrales mínimos de calidad y de unos precios asequibles. El reciente acuerdo promovido por la administración andaluza y la operadora de telecomunicaciones VODAFONE, con un coste de 13.5 millones de euros para la administración andaluza y 50 millones para la operadora, que mediante sistemas de Banda Ancha Móvil (BAM) permitirá una garantía de acceso a los 770 municipios andaluces de al menos un mega garantiza de facto pero no de iure este derecho a los ciudadanos de la comunidad andaluza por lo que se hace necesario una regulación que mandate efectivamente a las estructuras de la Administración General del Estado la inclusión del acceso a servicios de banda ancha como un derecho reconocido y exigible en todo el Estado.

Con base en algunos de los elementos anteriores, diversos colectivos y asociaciones de internautas han promovido una Plataforma cuyo slogan es “ADSL Más Barato” que, como su propio nombre indica, tiene como objetivo exigir al Gobierno la instauración en nuestro país de un acceso al ADSL más económico y de mayor calidad. Esta Plataforma ha hecho entrega de 275.000 firmas al Ministro de Industria, Turismo y Comercio –Miguel Sebastián- planteando estas reivindicaciones. Desde IU entendemos que esta iniciativa no sólo es justa y oportuna, sino totalmente necesaria para que nuestro país pueda reducir sensiblemente, y en un plazo relativamente corto de tiempo, la brecha digital con respecto a su entorno europeo.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes ACUERDOS:

ÚNICO.- Instar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -como vía para contribuir a la eliminación de la brecha digital de nuestro país en un plazo razonable de tiempo- la inclusión de la banda ancha como Servicio Universal, operando los cambios oportunos tanto en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, como en la legislación de desarrollo de ésta. Todo ello con el objeto de:

c) Conseguir una calidad del servicio que garantice la disponibilidad y acceso de cualquier ciudadano/a al ADSL con independencia de su lugar de residencia.