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IULV-CA pide un grupo de trabajo que permita aprobar "de inmediato" la Ley de Dependencia

14 de febrero de 2006 | 212 lecturas

IULV-CA ha solicitado la creación de un grupo de trabajo, en el seno de la Comisión de Discapacidad del Parlamento andaluz, que estudie la situación de los servicios públicos de atención a las personas dependientes.

Este grupo, debería elaborar un informe que valore la situación existente de los servicios públicos y aporte propuestas que sirvan para concretar políticas y actuaciones que sirvan de base para la aprobación "inmediata" de una Ley andaluza de Atención a la Dependencia y Autonomía Personal.

IULV-CA formalizó esta solicitud en el Registro de la Cámara autonómica después de que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, propusiese, en respuesta a una pregunta de su portavoz parlamentaria, Concha Caballero, durante la sesión de control al gobierno, la creación de un grupo de trabajo que se encargue de determinar el número de personas dependientes que hay en Andalucía, de cara a la aplicación en la comunidad de la Ley de Dependencia del Gobierno central.

En la iniciativa, IULV-CA subraya la importancia de aprobar una Ley andaluza para garantizar la atención a las personas mayores de 65 años y las que tienen discapacidad en Andalucía, ya que pone de manifiesto que en la actualidad "sólo cuentan con una oferta pública del servicio de ayuda a domicilio que alcanza escasamente el tres por ciento del total de estos colectivos, del dos por ciento en teleasistencia y del uno por ciento en plazas de centros de día, mientras que el índice de plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años es de 2,7".

Según los datos facilitados por este grupo parlamentario, "la atención a las personas dependientes se realiza, sobre todo, en el entorno familiar y recae especialmente en las mujeres", de forma que "el 85 por ciento de las personas cuidadoras son mujeres y con una edad media de 52 años", mientras que "en torno al 80 por ciento de las personas cuidadoras no desarrollan actividad laboral remunerada alguna".

IULV-CA estima que la creación de un "sistema público y universalizado de servicios de atención a la dependencia" en Andalucía permitiría crear alrededor de 40.000 empleos "a tiempo total y tendría el efecto positivo de la valoración de retorno en IVA e IRPF", ya que se necesitarían "profesionales con conocimientos en geriatría, enfermería, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, camareros, limpiadores o personal de mantenimiento y se impulsaría la construcción de nuevas infraestructuras y centros".

Como contenidos esenciales de la futura Ley Andaluza de Atención a la Dependencia y Autonomía Personal, IU incluye la "universalización de las prestaciones como una más del sistema público de la Seguridad Social"; la igualdad de acceso a dichas prestaciones; un sistema de valoración y reconocimiento de la minusvalía; una forma de gestión descentralizada a cargo de la Junta de Andalucía y con participación de los ayuntamientos; un proceso "ágil y rápido" para la evaluación y las posibles revisiones sobre el grado de dependencia de las personas afectadas; y un sistema de financiación público "negociado entre las administraciones y que debe contemplarse en el modelo de financiación autonómico y de las corporaciones locales".

Los datos que han servido como base para la elaboración del Sistema Estatal de Atención a la Dependencia, que entrará en vigor en 2007, sitúan la cifra de andaluces destinatarios de estas prestaciones en 243.000. De éstos, sólo 34.000, el 14 por ciento, podrán acceder a estos servicios en el primer ejercicio, que se centrará en las actuaciones más urgentes. Pero estos cálculos pueden variar.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se comprometió en una respuesta a la portavoz parlamentaria Concha Caballero, a crear un grupo de trabajo en la Cámara para aclarar si estos datos son correctos y determinar cuántos son los beneficiarios de uno de los planes estrella del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

El balance de ciudadanos destinatarios de este programa es un dato clave en la aplicación del ante-proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes, cuyo método de financiación aún no está definido. Sólo hay un presupuesto: 12.638 millones de euros en seis años. En estos momentos, el Estado trata de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas e incluso con las administraciones locales para fijar sus niveles de participación en este programa, que será de co-pago, el usuario tendrá que realizar también aportaciones.