Moción por un IVA reducido al suministro eléctrico

21 de septiembre de 2018 | 166 lecturas

Nuestro Grupo Municipal presenta para el próximo pleno moción por la aplicación de un IVA reducido al suministro eléctrico. Teniendo el tipo más alto de toda Europa, siendo una de las facturas más caras y que más repercute en la ciudadanía, el estado no ponga todo lo que está en su mano para salvaguardar los derechos fundamentales de la gente.

La electricidad soporta un IVA del 21%, es decir, un impuesto similar al que soportan el alcohol o el tabaco, es por ello que en España la electricidad está regulada más como un producto de lujo que como base “indispensable” de derechos fundamentales, de hecho, en lugar de minorar este impuesto, el último Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro como Ministro de Hacienda, aumentó dicho tributo del 18% al 21%, encareciendo de manera considerable la factura, un aumento del 55% en la última década.

La institución del Defensor del Pueblo ha analizado el coste de la electricidad en España, que es el segundo más caro de la Unión Europea para consumidores domésticos después del de Irlanda, Reino Unido, con un 5%, es el país con menor IVA a la electricidad, frente al 6% de Luxemburgo, el 10% de Italia, el 13% de Grecia, el 14% de Irlanda, el 18% de Francia, el 19% de Alemania. Cuando el consumo es inferior a 1.000 kWh, las diferencias de precio entre España y el resto de países se incrementan. Quienes menos gastan sufren más en comparación con sus homólogos europeos.

No deja de ser curioso, además, que a la factura de la luz se le añade el impuesto de la electricidad, y el IVA se aplica sobre la suma, incluyendo el susodicho impuesto.
El recibo de la luz medio con la tarifa semi regulada PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor/a) se situó en 80,73 euros en agosto, casi 9 euros (un 12,4%) por encima de los 71,82 euros de agosto de 2017. De este modo, el mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017 y se convierte así en la cuarta factura más alta de la historia, según los datos de Facua.

Hay que recordar que el Gobierno de José María Aznar, liberalizó el sector eléctrico en 1997, anunciando dicha liberalización como la panacea que daría lugar a una bajada de precios a causa de la competencia, algo que los hechos han desmentido por sí mismo.

Volviendo al Defensor del Pueblo, en su Informe Anual del mes de marzo de 2018 ante el Congreso, solicitaba un tipo reducido de IVA como el que tienen alimentos básicos, como son el pan o la leche, o en su caso, el IVA reducido del 10% con el que está gravado el agua en nuestro país. El Defensor del Pueblo afirma que la electricidad es esencial para una vida digna y recuerda que la muerte de una anciana en Reus en el incendio de su vivienda que iluminaba con velas, manifiesta “las carencias de un sistema que no estaba concebido para proteger los derechos de las personas y la necesidad de mejorarlo”.

Por todo ello,

SE PROPONE AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LA APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

Instar al Gobierno de España a reducir de forma considerable el IVA de la electricidad de uso doméstico, considerando la energía eléctrica como derecho fundamental para los hogares.

Instar al Gobierno de España a crear medidas para asegurar que la situación de oligopolio de las eléctricas se termine y dejen de "abusar de la ciudadanía" con subidas de las tarifas cuando más necesario se hace el uso de la misma (olas de frío y de calor).

Instar al Gobierno de España a que impulse las modificaciones legislativas necesarias para que el sistema de fijación del precio de la electricidad refleje adecuadamente el coste de generación usando las distintas tecnologías. Estas modificaciones deben estar construidas en base a unos precios predecibles y estables, en cualquier caso, que facilite la transición energética hacia un modelo seguro, sostenible y eficiente, y que garantice el acceso al servicio de toda la ciudadanía como necesidad básica.

Instar al Gobierno de España a realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, incluyendo, en particular, un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en nuestro país.