Anabel Burgos Jiménez, miembro del consejo político y portavoz de nuestro grupo municipal, en nombre de Izquierda Unida, le entregó en la tarde de ayer los 800 € recaudados por la obra de teatro, "Teatro con Albóndigas" de la compañía Épica Parda, a la directora de la Residencia San Pedro Nolasco, Marifé Molina Torquero.
Nuestra concejala Cristina Alcaide y nuestro concejal Juan Holgado han presentado la renuncia a su acta de concejal en el pleno celebrado el pasado 24 de septiembre dentro del proceso de renovación que se marcó IU hace unos años. Cristina por motivos personales y Juan Holgado para dejar espacio a gente joven y preparada, renovamos así el 50% de nuestro Grupo Municipal.
El gobierno PSOE+PA permite una subida ilegal de los precios de la piscina. Denunciamos públicamente la gestión realmente penosa de la concesión de la gestión privada de la piscina municipal por parte del concejal de deportes y del equipo de gobierno.
Número 73 de nuestro boletín de información. En esta ocasión analizamos la nefasta gestión del PSOE en GUSAm, empresa municipal de gestión urbanística. Además, celebramos que Granada Santos, delegada territorial de vivienda y fomento haya terminado de pagar las expropiaciones de la variante que llevaba estancado varios años por la inoperancia del PSOE. También denunciamos la ley que el PP quiere aprobar sobre la reforma de la administración local para retrotraernos a la época franquista.
Con Granada Santos a la cabeza de la Delegación de Fomento y Vivienda, se terminan de pagar las expropiaciones producidas por la construcción de la variante o circunvalación, escondidas en un cajón por el PSOE desde 2005.
Miembros de la Asamblea de Izquierda Unida de El Viso del Alcor han acudido el pasado sábado 10 de agosto al acto homenaje que Izquierda Unida de Andalucía le hace todo los años a Blas Infante, padre de la patria andaluza en el lugar de su asesinato.
El gobierno de España, el PP, vuelve a dejar a los andaluces y andaluzas desamparados, esta vez ante los desahucios. Vuelven a demostrar que se deben a las grandes empresas, bancos y capital financiero incluso por encima de la ciudadanía. El decreto ley que asegura la función social de la vivienda es plenamente constitucional, ya que defiende lo que dice la propia Constitución, pero con este recurso se paraliza toda su acción durante al menos 5 meses.
